Defendamos la Autonomía Universitaria en Colombia
En el panorama educativo colombiano, nos enfrentamos a un desafío crucial: el Proyecto de Acto Legislativo No. 08 de 2024 que propone modificar artículos clave de la Constitución Política en relación con la educación. Esta iniciativa, que será debatida próximamente en el Congreso de la República, plantea cambios que nos obligan a reflexionar sobre el futuro de nuestro sistema educativo. Desde la Asociación Colombiana de Universidades -ASCUN-, manifestamos una profunda preocupación por las implicaciones que esta reforma podría tener, no solo para las instituciones de educación superior, sino para el país en su conjunto.
Existen cuatro puntos clave que nos llevan a levantar la voz y exigir un debate más amplio y participativo.
1. Amenaza al principio de autonomía universitaria
Uno de los elementos más alarmantes de esta propuesta es el control directo del Jefe de Estado sobre toda la educación, tanto pública como privada. Este punto, por sí solo, es un atentado contra la autonomía universitaria, un principio que ha permitido que nuestras universidades florezcan como espacios de pensamiento crítico, investigación y formación integral. Otorgar tal control centralizado al poder ejecutivo limita la capacidad de las instituciones para tomar decisiones libres y alineadas con las necesidades académicas, sociales y culturales de sus comunidades.
Además, el proyecto busca imponer una única forma de elegir las directivas de las instituciones educativas, incluidas las universidades. Este enfoque no refleja la diversidad de modelos institucionales y ha demostrado no ser un consenso nacional. Las universidades y colegios, como entidades autónomas, deben tener la libertad de decidir sus procesos internos de gobernanza sin la intervención directa del Estado.
2. Creación de una Superintendencia de Educación: burocracia y duplicación de funciones
En un contexto de desfinanciación de las instituciones públicas y el debilitamiento de las privadas, la propuesta de crear una nueva Superintendencia de Educación añade una carga burocrática innecesaria. Las funciones que esta entidad asumiría ya están siendo cumplidas por organismos como el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), entre otros. ¿Realmente necesitamos una nueva entidad que duplique esfuerzos y aumente los costos?
3. Reforma innecesaria de la Constitución
A lo largo de las últimas décadas, el sistema educativo ha avanzado en términos de accesibilidad, equidad y calidad, gracias a un marco normativo robusto, sustentado en la Constitución de 1991. Hemos logrado avances significativos en gratuidad, inspección, vigilancia y reducción de brechas sociales. Nos preguntamos entonces, ¿qué justificación real existe para modificar la Constitución cuando las herramientas jurídicas actuales han permitido estos logros?
4. Falta de un debate amplio y fundamentado
Modificar la Constitución no es un paso menor. Requiere un análisis profundo y la participación de todos los sectores involucrados. Sin embargo, esta propuesta parece fragmentar la Constitución sin una justificación clara y sin la debida discusión con las universidades, académicos, docentes y estudiantes. Cambiar la carta magna de nuestra nación de manera apresurada, puede generar desequilibrios en el sistema educativo y poner en riesgo los derechos fundamentales que hemos adquirido hasta el momento.
En ASCUN, hemos construido una postura unificada basada en aportes jurídicos de 13 Instituciones de Educación Superior del país. Presentaremos esta visión en la audiencia del Congreso, pero creemos que la opinión pública debe involucrarse en este debate crucial. La educación es un pilar de la democracia y no podemos permitir que decisiones apresuradas comprometan el futuro de las próximas generaciones.
Colombia necesita fortalecer su sistema educativo mixto, no debilitarlo. Necesitamos reformas que promuevan la inclusión, la equidad y la calidad, pero siempre dentro del marco de respeto a la autonomía universitaria y los principios democráticos consagrados en nuestra Constitución. El riesgo de perder este equilibrio es demasiado alto.
La invitación es clara: defendamos juntos la autonomía de nuestras Instituciones de Educación Superior y la Constitución que ha permitido su desarrollo, porque lo que está en juego no es solo la estructura de la educación, sino los valores fundamentales que garantizan la libertad académica y el progreso del país.
Oscar Domínguez
Director Ejecutivo de ASCUN
En el panorama educativo colombiano, nos enfrentamos a un desafío crucial: el Proyecto de Acto Legislativo No. 08 de 2024 que propone modificar artículos clave de la Constitución Política en relación con la educación. Esta iniciativa, que será debatida próximamente en el Congreso de la República, plantea cambios que nos obligan a reflexionar sobre el futuro de nuestro sistema educativo. Desde la Asociación Colombiana de Universidades -ASCUN-, manifestamos una profunda preocupación por las implicaciones que esta reforma podría tener, no solo para las instituciones de educación superior, sino para el país en su conjunto.
Existen cuatro puntos clave que nos llevan a levantar la voz y exigir un debate más amplio y participativo.
1. Amenaza al principio de autonomía universitaria
Uno de los elementos más alarmantes de esta propuesta es el control directo del Jefe de Estado sobre toda la educación, tanto pública como privada. Este punto, por sí solo, es un atentado contra la autonomía universitaria, un principio que ha permitido que nuestras universidades florezcan como espacios de pensamiento crítico, investigación y formación integral. Otorgar tal control centralizado al poder ejecutivo limita la capacidad de las instituciones para tomar decisiones libres y alineadas con las necesidades académicas, sociales y culturales de sus comunidades.
Además, el proyecto busca imponer una única forma de elegir las directivas de las instituciones educativas, incluidas las universidades. Este enfoque no refleja la diversidad de modelos institucionales y ha demostrado no ser un consenso nacional. Las universidades y colegios, como entidades autónomas, deben tener la libertad de decidir sus procesos internos de gobernanza sin la intervención directa del Estado.
2. Creación de una Superintendencia de Educación: burocracia y duplicación de funciones
En un contexto de desfinanciación de las instituciones públicas y el debilitamiento de las privadas, la propuesta de crear una nueva Superintendencia de Educación añade una carga burocrática innecesaria. Las funciones que esta entidad asumiría ya están siendo cumplidas por organismos como el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), entre otros. ¿Realmente necesitamos una nueva entidad que duplique esfuerzos y aumente los costos?
3. Reforma innecesaria de la Constitución
A lo largo de las últimas décadas, el sistema educativo ha avanzado en términos de accesibilidad, equidad y calidad, gracias a un marco normativo robusto, sustentado en la Constitución de 1991. Hemos logrado avances significativos en gratuidad, inspección, vigilancia y reducción de brechas sociales. Nos preguntamos entonces, ¿qué justificación real existe para modificar la Constitución cuando las herramientas jurídicas actuales han permitido estos logros?
4. Falta de un debate amplio y fundamentado
Modificar la Constitución no es un paso menor. Requiere un análisis profundo y la participación de todos los sectores involucrados. Sin embargo, esta propuesta parece fragmentar la Constitución sin una justificación clara y sin la debida discusión con las universidades, académicos, docentes y estudiantes. Cambiar la carta magna de nuestra nación de manera apresurada, puede generar desequilibrios en el sistema educativo y poner en riesgo los derechos fundamentales que hemos adquirido hasta el momento.
En ASCUN, hemos construido una postura unificada basada en aportes jurídicos de 13 Instituciones de Educación Superior del país. Presentaremos esta visión en la audiencia del Congreso, pero creemos que la opinión pública debe involucrarse en este debate crucial. La educación es un pilar de la democracia y no podemos permitir que decisiones apresuradas comprometan el futuro de las próximas generaciones.
Colombia necesita fortalecer su sistema educativo mixto, no debilitarlo. Necesitamos reformas que promuevan la inclusión, la equidad y la calidad, pero siempre dentro del marco de respeto a la autonomía universitaria y los principios democráticos consagrados en nuestra Constitución. El riesgo de perder este equilibrio es demasiado alto.
La invitación es clara: defendamos juntos la autonomía de nuestras Instituciones de Educación Superior y la Constitución que ha permitido su desarrollo, porque lo que está en juego no es solo la estructura de la educación, sino los valores fundamentales que garantizan la libertad académica y el progreso del país.
Oscar Domínguez
Director Ejecutivo de ASCUN