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El miedo a la libertad

El miedo a la libertad
Columna de opinión por Santiago José castro Agudelo
Ha generado mucha polémica, sobre todo entre las universidades privadas, el proyecto de ley estatutaria con el que el gobierno nacional pretende reorientar el sistema educativo colombiano, reconociendo la educación en todos los niveles como un derecho, ampliando los años obligatorios de educación inicial y aumentando el presupuesto para la oferta pública de educación superior, entre otros.

La ministra de educación insiste en que se trata de recuperar y potenciar lo público, sin afectar la oferta privada en el sector. Sin embargo, aquí hay varios asuntos que merecen especial consideración. En últimas, el debate gira en torno al miedo que muchos le tienen a la libertad.

El centro para la investigación sobre resultados educativos (CREDO por sus siglas en inglés) de la Universidad de Stanford (https://credo.stanford.edu/), ha demostrado cómo al aumentar la libertad educativa, se generan mejores resultados académicos en niños y niñas. Es decir, cuando las familias tienen la opción de escoger entre una oferta diversa de alternativas, que compiten entre sí, la calidad educativa tiende a mejorar. Recientemente publicó su último informe sobre colegios chárter (administrados por privados) y los resultados que obtienen sus estudiantes, frente a los resultados que obtienen quienes asisten a colegios públicos tradicionales (Traditional Public Schools – TPS). Los invito a leerlo.

En Colombia sigue generando ampolla sugerir bonos educativos o la administración de colegios oficiales por parte de privados. Los defensores de la educación estatal alegan que esto corresponde a la “privatización” del servicio público esencial y por ello celebran que el nuevo proyecto de ley consagre la educación como derecho fundamental. Sin embargo, confunden la garantía de un derecho con el papel que debe jugar el estado en ello. Es el mismo hilo argumental que orienta las propuestas hacia la estatización de los sistemas pensional y de salud.

¿Por qué restringir las opciones de una familia con recursos limitados al momento de elegir el tipo de educación que quiere para sus hijas? ¿Por qué se asume que los recursos que administra el estado solo pueden garantizar el funcionamiento de instituciones estatales, gestionadas por funcionarios públicos, y no destinarse a instituciones privadas que cumplan la misma función?

La política, dice Goodin, es el ejercicio del poder limitado socialmente. Esto implica que debe haber un esquema, al menos, de frenos y contra pesos, para garantizar la libertad y que el estado no transite al totalitarismo, pues entonces ya no habría política sino coerción. Ese tránsito inicia cuando se asume la garantía de derechos como aquella que solo se logra a través del monopolio estatal. Se pueden terminar confundiendo privilegios con derechos, tal como lo sugiere Thomas Sowell, y cualquier cambio en el mercado habría entonces que evitarlo, pues sin duda afectará a algunos, usualmente a una minoría, a pesar de que pueda terminar generando bienestar para la mayoría.

En educación superior es evidente la existencia de miles de sillas vacías en universidades privadas acreditadas de alta calidad, que, al menos en teoría, implican un gobierno universitario que cumple con los más altos estándares. Lo mismo ocurre en colegios privados certificados y con acreditaciones internacionales de altísimo nivel. ¿Por qué impedir que la sociedad destine recursos que le aporta al estado para permitir que miles de familias puedan ocupar esos espacios? El costo de sostener un esquema así es menor y la inversión en infraestructura sería cercana a cero. ¿Por qué insistir en que corresponde construir nuevas sedes de universidades y colegios públicos, en vez de aprovechar la capacidad ya instalada de los privados de alta calidad? Ojo, no estoy alegando que toda inversión en instituciones oficiales pierda sentido, pues muchas requieren urgentemente importantes recursos para cumplir con unos mínimos de calidad en su operación.

Alguna vez en un debate al respecto, mi interlocutor alegó que las condiciones laborales de los maestros eran mejores en los establecimientos oficiales, pues no respondían a las “nefastas lógicas del mercado”. Me pregunto si esas “nefastas lógicas” son las que garantizan que tantos productos otrora “premium” hoy sean asequibles para la mayoría de la población. Seguro me espetan con que los salarios y la dignidad no son productos, pero entonces se nublaría aquello que tantos ofrecemos al intercambio, que no es otra cosa que nuestra mano de obra, en el nivel o del tipo que sea.

La defensa de la estatización riñe con la libertad, pero es evidencia de una sociedad que ve en la competencia y en el mercado algo nefasto que solo genera pobreza. Prefieren que el estado decrete el bienestar para unos, alegando que será para todos. Prefieren la “estabilidad” sobre la innovación y la creatividad.

Lo importante del sistema educativo es que garantice la mejor educación y formación posible. Debe centrar toda su energía en el aprendizaje que logren los estudiantes. Si se da en colegios privados o en colegios oficiales administrados por privados, esto no debe asumirse como una afrenta sino como un llamado de alerta a las familias y a los maestros para que revisen qué pasa en los colegios públicos tradicionales, que los hay muy buenos, sin duda, pero no tienen por qué ser la única opción para los menos favorecidos.

En Colombia, el estado regula y establece directrices en materia educativa. Los resultados demuestran que cuando hay más competencia y las familias pueden elegir el tipo de colegio y universidad para sus hijos, la calidad tiende a mejorar. ¿Por qué entonces tanto miedo a la libertad?