El 2023 cerró como un año desfavorable para la construcción de vivienda formal en Colombia. Cifras de la Cámara Colombiana de Construcción muestran que tras 16 meses consecutivos de caídas en las ventas, la producción de vivienda se redujo en un 8 %.
Para la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velazco, estas cifras se explican por el contexto macroeconómico tras la pandemia, el comportamiento de la inflación y el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República.
Olga Lucía Ceballos, profesora del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana, lidera el proyecto de vivienda popular, una asignatura que analiza la forma en que se desarrolla el hábitat en los barrios populares de Bogotá durante las últimas dos décadas.
Datos de la Secretaría Distrital de Planeación calculan que anualmente se forman cerca de 55.000 nuevos hogares en la ciudad. Mientras que el mercado formal oferta, en promedio, 30.000 unidades de vivienda al año.
Según datos de esta Secretaría, en procesos de densificación en estos barrios se producen en promedio 20.000 unidades de vivienda al año, lo cual permite suponer que esta oferta cubre en parte la demanda no atendida desde la formalidad. Esta situación es evidente para las investigadoras quienes desde hace más de una década recorren estos barrios con sus estudiantes.
Este fenómeno profundiza la segregación socio espacial, pues las personas y familias de menos recursos económicos, deben desplazarse a las periferias de la ciudad, de acuerdo con las profesoras javerianas.
Una política pública de vivienda que no responde a la realidad
Desde hace varias décadas las políticas públicas de las entidades del orden nacional y distrital, se han enfocado en apalancar la oferta de vivienda desde el sector formal de la construcción mediante el subsidio a la demanda con programas como Mi casa ya, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o el Subsidio complementario de vivienda a cargo del distrito.
Otra de las apuestas de la política pública es legalizar barrios de origen informal y adelantar en ellos procesos de mejoramiento de las construcciones. Así, regeneran lo que han hecho las familias por sus propios medios con pavimentación de las calles, extensión de redes de servicios públicos, y entrega de los títulos de propiedad de sus viviendas.
Existen algunos programas que contemplan el mejoramiento de fachadas o módulos sanitarios, pero son muy pocos los dirigidos a al reforzamiento estructural de la vivienda. Se privilegia el mejoramiento de su entorno, dejando que los pobladores, mediante procesos autogestionados, las intervengan, afirma la investigación.
Sin embargo, las académicas javerianas llaman la atención, pues las zonas de la ciudad en que se desarrollan estos programas, se caracterizan por ser áreas urbanas precarias, densamente pobladas, donde la vivienda y los servicios básicos son limitados o inexistentes.
Martha Inés Sierra, docente de arquitectura de la Universidad Javeriana cuenta que el trabajo investigativo se ha enfocado en el borde suroccidental de la ciudad, localidad de Ciudad Bolívar, en barrios como Potosí y Santa Viviana. Lo que han identificado a lo largo de los años, es que muchas de estas casas son construidas con lo que las personas consiguen.
“Tradicionalmente empiezan en condiciones precarias, armados con material de demolición, tejas o madera. En muchos casos las divisiones son tela asfáltica o pedazos de madera”, explica la profesora Sierra.
Añade que el ideal es pasar a construir con bloque, pero que este tránsito puede tomar años, debido a los bajos recursos de algunas familias en estas zonas. Además, estas viviendas están ubicadas en la parte alta de la montaña, lo cual, desde el punto de vista estructural, es aún más retador para la construcción de las viviendas.
“La norma de sismoresistencia exige que cuando la pendiente sea mayor a 30 %, se debe hacer estudios de suelos”, dice la profesora Ceballos.
“Sin embargo, se desconoce que muchas de las personas que viven en estos barrios, son adultos mayores cuyo único ingreso es el subsidio de Colombia mayor, personas que se dedican al reciclaje o al rebusque. Por supuesto que esos ingresos no les permiten hacer ningún estudio para la construcción. En muchos casos, ni siquiera pueden comprar buenos materiales para la construcción”, agrega.
Lo más preocupante es que han encontrado casas construidas en zonas con pendientes que superan incluso el 60 % . Por ello la importancia de iniciar acciones que atiendan a esta población que compran a los denominados “tierreros” de manera informal, promotores informales que les brindan financiación hasta por cinco años.
La profesora Sierra explica que en estos barrios no es tan extraño que las familias se ubiquen en zonas de ladera, en las cuencas de ríos o en zonas de posibles derrumbes. Estas son conocidas como zonas de riesgo no mitigable. En dichos casos, la normativa distrital incluye un programa de reubicación, que para la investigadora, es bastante limitado en su atención.
Cuando se formuló la Política Integral del Hábitat 2007-2017, se asumía que las viviendas localizadas en zonas de riesgo no mitigable ascendían a 23.000 unidades. A 2021, solo se han reubicado un poco más de 3680 viviendas en total. Es obvio que no se ha impactado de manera importante la atención de este problema que además aumenta cada año, dice la investigación.
El programa ofrece reubicar a las familias en otras zonas de la ciudad, de acuerdo con la disponibilidad de Viviendas de Interés Prioritario VIP. Según la información recolectada en la investigación, sumado a la baja oferta de VIP, hay una baja acogida de este programa.Lo anterior, debido a que las personas no quieren abandonar sus redes de amigos y conocidos que han construido en el barrio durante años, pues en los pocos casos en los que un hogar logra ser beneficiario del programa la solución otorgada suele ser en una zona alejada.
Para las profesoras, la realidad que viven los habitantes de estos barrios, es clara señal de que existe una desconexión entre la política pública y quienes la formulan, con las realidades que se viven en los barrios de la ciudad. Las cifras demuestran que, por lo menos en estos barrios, la normatividad actual desconoce las complejidades del barrio popular.
Una propuesta javeriana de vivienda digna y resistente
La valoración que hacen las investigadoras no es muy alentadora. Hay viviendas no muy bien construidas, con deficiencias en calidad, la inclinación de los terrenos donde están es muy riesgosa, no son un mercado potencial para las constructoras, y la normativa y programas distritales no están atendiendo a las necesidades específicas de estos contextos. Justamente las investigadoras javerianas proyectan un programa que se encargue de todas estas problemáticas.
El proceso de investigación, de acompañamiento y docencia que se ha desarrollado en esta zona de la ciudad, llevó a que las expertas quisieran ir más allá. “Todos los semestres los estudiantes hacen unos levantamientos arquitectónicos de viviendas, que es un dibujo detallado con las medidas y la distribución de los espacios, y además, se les hace recomendaciones a las familias para mejorarlas”, afirma Sierra.
Sin embargo, esto no es suficiente para cambiar la situación. Así que formularon un proyecto de investigación-creación que pueda atender la situación de manera más integral en una de las cuadras del barrio Caracolí. En esta, identificaron 18 casas de un solo piso y cinco de materiales no permanentes.
Las investigadoras Sierra y Ceballos diseñaron un prototipo de un multifamiliar de tres pisos que cumpla las normativas de sismorresistencia, que es flexible para que cada familia pueda adaptarla a sus necesidades, que brinde buenas condiciones de habitabilidad; y que pueda ser un mercado potencial para las constructoras.
“Nos dimos cuenta que, en términos presupuestales, para casas de un piso, es mucho mejor derrumbar y construir desde ceros una vivienda”, afirma la profesora Sierra. Esto debido a la calidad de los materiales utilizados. Por eso el prototipo está pensado para este tipo de casas.
Las investigadoras tomaron como base un predio de 6 metros de ancho por doce de largo, considerando que es tamaño el más frecuente en estos barrios. Señala Ceballos que se descartó el englobe de predios por dos razones: la primera, las implicaciones técnicas de la pendiente y la segunda, la complejidad de la gestión con los propietarios. La vivienda está planeada para que se pueda adecuar a los diferentes grupos familiares identificados y que tenga la capacidad para extenderse hasta los cuatro pisos.
Por ello, tanto el primero como el segundo piso se enfocan a una familia nuclear, extendida o monoparental de entre 3 a 6 miembros que se corresponde con el 81 % de las familias de la muestra. Se diseñó con dos habitaciones que suman 21 metros cuadrados. Las divisiones interiores son flexibles para permitir la mayor privacidad e independencia pero se pueden mover con facilidad, de acuerdo con los requerimientos de cada familia.
Se identificó que en el 46 % de las viviendas hay hacinamiento, variando entre 3 y 14 personas por habitación
Teniendo en cuenta el número de personas que viven en las casas del barrio, y que su uso puede ser problemático en horarios pico, la propuesta incluye un baño con funciones independientes, es decir, el lavamanos, inodoro y ducha están separados, para permitir que varias personas de la familia puedan utilizar simultáneamente el baño. Así se evita incluir otro baño que puede incrementar los gastos de la casa.
“Algo tan simple como separar las funciones del baño, puede mejorar la calidad de vida de las viviendas con 4 o más habitantes. En las mañanas algunos tienen que levantarse más temprano para turnarse el uso. Con nuestra propuesta, varios de ellos pueden usar el baño al mismo tiempo y eso ya reduce los conflictos entre ellos”, sostiene Sierra.
También proponen la posibilidad de adecuar la zona social, o la sala del primer piso, para que cumpla una función comercial o productiva que aporte el ingreso económico del hogar.
“Varios hogares con consanguinidad que viven hacinados en una sola vivienda podrían aplicar a subsidios de vivienda nueva que sumados a subsidios como el del Plan terrazas les permitiría financiar el proyecto, construyendo un multifamiliar que les ofrezca más espacio y comodidades”, afirma Ceballos.
Esta propuesta fue socializada con 21 habitantes de la manzana seleccionada. El taller arrojó un alto nivel de aprobación del diseño, destacándose el baño con funciones divididas y la posibilidad de crear habitaciones separadas para los hijos de diferentes géneros.
Con los programas que actualmente existen enfocados al mejoramiento de fachadas y habitabilidad, se podría también financiar buena parte de la construcción del prototipo. Además, en un sondeo realizado con varias constructoras, se identificó su interés en este tipo de proyectos que pueden financiar como obras de responsabilidad social. Lo que podría abrir un nuevo mercado para la empresa privada.
De realizarse, este proyecto atendería las problemáticas más recurrentes que han identificado las profesoras y estudiantes javerianos en estas zonas durante años, beneficiaría directamente a los habitantes del barrio, mejoraría la política pública de la ciudad y daría lugar a que los constructores privados desarrollen viviendas seguras y con buenas condiciones en barrios donde históricamente no han operado.
Por ahora el proyecto está en espera de construir el primer prototipo a escala real. Las investigadoras avanzarán en conversaciones con las autoridades distritales y con la empresa privada para buscar financiación y ajustes en las normas para que este proyecto tenga luz verde para iniciar.
Comunicador social y periodista. Le interesan los temas ambientales, de conflicto y paz en Colombia, y desde que llegó la pandemia, los de salud. Periodista de Pesquisa Javeriana desde 2020.Instagram: @el_miguel_martinez